El Gobierno de PSOE y Podemos oculta al Congreso las multas a sus coches oficiales

Otra prueba más de la opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de PSOE-Podemos se niega a revelar al Congreso de los Diputados las multas de tráfico interpuestas a sus coches oficiales en el año 2020, los cuales siguieron utilizando en todo momento durante la pandemia. Tanto que desinfectaron los vehículos incluso horas antes de decretar el primer estado de alarma.

En concreto, el diputado del Partido Demócrata Catalán (PDeCAT) Genís Boadella formuló al Gobierno socialcomunista la siguiente pregunta: «¿Cuántas multas por exceso de velocidad se han impuesto a los vehículos oficiales del Gobierno durante el año 2020? En la exposición de motivos, Boadella recoge que «el compromiso con las normas de circulación de ser compartido y especialmente ejemplarizante en el caso de los poderes públicos».

Sin embargo, el Ejecutivo de coalición da todo un rodeo argumental para no contestar a esa pregunta, cuando este dato ya se ha ofrecido en otras legislaturas. En su contestación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Moncloa esgrime que las multas se ponen a los «conductores» y no a los «vehículos» para negar la información al diputado del PDeCAT, y por ende, al Congreso de los Diputados en esta iniciativa de control al Gobierno.

Los socialcomunistas alude al Título V de la Ley de Tráfico para señalar que las «multas como sanciones económicas se imponen no a los vehículos sino a quienes, por acción u omisión, incurran en conductas contrarias a dicha ley y tipificadas como infracciones. Por tanto, no se imponen multas a los vehículos, sino a los conductores», insiste el Gobierno.

Asimismo, Moncloa añade que la intervención del Parque Móvil del Estado -organismo gubernamental de los coches oficiales- en el procedimiento sancionador incoado por la autoridad competente en materia de tráfico «se limita al cumplimiento de la obligación de todo titular de un vehículo a facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción».

De este modo, según la respuesta parlamentaria del Gobierno, «el Parque Móvil del Estado desconoce, por tanto, si el procedimiento sancionador iniciado en cada caso finaliza o no con la imposición de una sanción al conductor del vehículo oficial».

Por ello, subraya Moncloa al diputado del PDeCAT, la «información que se solicita no obra en poder del Parque Móvil del Estado», organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Tampoco Interior

Además, el Ejecutivo socialcomunista añade que tampoco desde el «Ministerio de Interior» se dispone de la información solicitada, «ya que en el Registro de Vehículos no existe la diferencia entre vehículos oficiales y vehículos no oficiales», reza en la contestación. Es decir, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que tiene como asesor al guardia civil en excedencia y exdiputado de Podemos Juan Antonio Delgado Ramos, se lava también aquí las manos.

Mientras el Gobierno se niega a revelar las multas de tráfico a sus coches oficiales, sí hay constancia, porque así lo reveló OKDIARIO, del gasto de 521.000 euros en la compra de material anti-Covid para estos vehículos que utilizan los miembros del Consejo de Ministros, altos cargos del Ejecutivo y otras instituciones del Estado. Según el listado de fuentes gubernamentales al que accedió este medio, la Administración Sánchez firmó en 2020 hasta 37 contratos para tales adquisiciones a través del Parque Móvil del Estado (PME). Un desembolso más que cuestionable teniendo en cuenta la escasez de material que hubo en otros ámbitos, como el sanitario, que combate el virus en primera línea.

Por ejemplo, el Gobierno de PSOE-Podemos adquirió de urgencia mamparas de protección para sus coches oficiales cuando ya no había mascarillas y guantes para la población en las farmacias.